El Gobierno peruano ha suscrito un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por S/ 5,641 millones, monto que se pagará con el dinero de todos los contribuyentes. El contrato de préstamo BID Nº 4399/OC-PE, denominado Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel Nacional (PROMSACE), consta de 15 proyectos. Ninguno de ellos está relacionado con las urgencias nacionales, como la anemia, tuberculosis, la inseguridad ciudadana, la reconstrucción del norte, el desempleo y la informalidad.
Según el contrato, el Estado peruano pagará a un consultor la suma de S/ 196,600 por la edición y diagramación de documentos sobre la gestión pública; S/ 918,000 por la estandarización de procesos administrativos para los gobiernos regionales y locales; S/ 252,000 por preparar, organizar, aplicar y revisar encuestas; S/ 274,000 por la elaboración de expedientes y, entre los demás proyectos, S/ 196,500 por el diseño y ejecución de campañas de comunicación.
El contrato confirma que la gestión pública es mediocre. La burocracia nacional necesita de “consultores” para indicarle cómo hacer las cosas dentro del Estado y sus instituciones. Por los 15 proyectos contratados se puede entender que las instituciones nacionales están en nada, como si recién estuvieran siendo conformadas y organizadas; que no existen regulaciones para sus procedimientos y que la administración moderna no ha llegado al Estado peruano.
Los “contratos” que el Estado firma con las instituciones internacionales no son nada nuevo en Perú. Los temas relacionados con la gobernabilidad y transparencia e información en la gestión pública se han convertido en una moda promovida por ciertas instituciones internacionales interesadas en crear sus propios programas para establecerlos en el mundo. Proyectos que, por lo general, privilegian el diagnóstico de determinada situación, en lugar de generar proyectos de ejecución de obras. Tampoco es novedad que la burocracia internacional ha creado círculos de sobrevivencia y de poder alrededor del mundo. Fomenta temas de tipo global para proteger ciertos intereses como, por ejemplo, medioambiente y género.
Este sistema de “puertas giratorias” —un día como funcionario y consultor privado, y al otro día como autoridad gubernamental— compromete a la academia, a las ONG, a los bancos internacionales de desarrollo, a los estudios de abogados y a distintos consultores. Los contratos, en muchos casos sobre lo mismos temas, son pagados con las divisas y con la soberanía nacional. Perú queda dependiente de ideologías generadas fuera del país y contrarias a nuestros intereses.
Mientras las urgencias nacionales no son atendidas por la falta de presupuesto, un festín de consultorías continúa haciendo ricos a quienes están bien conectados con el poder de turno y los organismos internacionales. No es necesario ser adivino para saber quienes serán los “consultores” favorecidos con la adjudicación de los proyectos del contrato con el BID.
Según el ex primer ministro Óscar Valdés, “los ministros deben hacer gala de sus conocimientos y no ser dependientes de costosas consultorías”. En efecto, el país no puede seguir siendo presa fácil de distintas ONG y consultores vinculados al marxismo del siglo XXI, repitiendo en sus “consultorías” los mismos argumentos que cualquier profesional con intuición y medianamente sensato puede sostener. El presidente, ministros y otras autoridades nombran asesores, con altísimas remuneraciones, por su alto nivel de conocimiento. ¿Para qué, entonces, contratar a un “consultor”? ¿Para que les diga lo que ya saben?
Lo cierto es que las consultorías son un pretexto para organizar círculos de poder y dependencia. Los millones de soles que se pagan por consultorías podrían servir para mejorar la formación de lo escolares y universitarios; de tal manera que cuando sean ministros, gobernadores, alcaldes, asesores y hasta presidentes del país, puedan resolver los problemas nacionales sin tanto gasto ni tanta dependencia.
MANUEL GAGO.
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