* "Cholo sano y sagrado" recortó presupuesto de Fuerzas Armadas y propuso a Chile desarme y desmilitarización.
* Minimizó sentencias militares luego de que Paniagua y García
Sayán desmontaran legislación antisubversiva
El 7 de enero de 2003 Alejandro Toledo con inusitado interés remitió al Poder Legislativo el Proyecto de Ley N° 5154-2002 pidiendo facultades legislativas, el mismo que fue exonerado de trámite de comisiones en menos de veinticuatreno horas y de inmediato se dio la Ley N° 29713 autorizando al hoy prófugo exmandatario a legislar sobre terrorismo y derecho penal.
El 10 de enero el diario oficial El Peruano publicó la resolución Suprema N° 001 – 2003 – JUS nombrando la comisión que se encargó de abrir las puertas de las cárceles a los genocidas de Sendero y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La integraron el cuestionado vocal César San Martín Castro, Javier de Belaunde, César Villegas Ratti y siete individuos más cuyos nombres escapan a mi memoria.
Poco después, el 18 de febrero en El Peruano se publicó el Decreto Legislativo N° 291, cuyo objetivo fue limitar la cadena perpetua solo para algunos casos de terrorismo, desapareciendo el delito de traición a la patria para los cabecillas de los grupos subversivos.
García Sayán y San Martin
Resulta paradójico – por decir a menos – que el vocal supremo San Martín Castro fuera uno de los artífices del diseño y elaboración de los dispositivos que favorecieron a miles de asesinos confesos capturados durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Innegablemente es el único miembro de la citada comisión con total conocimiento en materia de legislación penal y procesal.
Ni bien entró en vigencia, la comisión determinó que el Consejo Técnico Penitenciario del Inpe, integrado por elementos de conocido sesgo caviar, evaluaría a los presos por terrorismo para emitir informes que luego eran fundamento para que jueces advenedizos y timoratos dictaran sentencias a diestra y siniestra. Es decir, los juzgados se convirtieron en meras mesas de partes y los jueces en tramitadores.
Ello permitió que el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán a través del Instituto Nacional Penitenciario tuviera un control integral de las liberaciones, pues el mencionado organismo “técnico” lo conformaban individuos de su misma ideología y opinaban sobre bases imaginarias respecto a la readaptación de los sediciosos, como quedó en evidencia cuando años después muchos de ellos fueron capturados por las fuerzas del orden en circunstancias que pretendían ejecutar atentados contra patrullas militares y de la policía.
Por otro lado, cabe recordar que desde el paniaguato los terroristas volvieron a dominar los pabellones en los que se encontraban recluidos, al extremo de promover la prostitución en las narices y /o con complicidad de sus custodios. Un exsenderista que consiguió su libertad por la presión del sacerdote Hubert Lanssiers y después se convirtió en informante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) confesó “que ganó buen dinero prostituyendo a su hermana menor y que con el producto de sus ilícitas ganancias montó una panadería en San Juan de Lurigancho”.
En tiempos del expresidente Fujimori, por directivas de Vladimiro Montesinos, se aislaba a los cabecillas terroristas de aquellos que previo test realizados por el propio ex asesor presidencial eran considerados menos peligrosos y así se evitaba que continuasen siendo contaminados por aquellos radicales y dogmáticos que mantenían su posición sectaria y jamás abandonarían el irracional “pensamiento Gonzalo”.
La finalidad de esa eficaz política -dijo durante un desayuno de trabajo Montesinos al general Harold Bedoya Pizarro, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia- fue impedir el proselitismo marxista, leninista, maoísta, entre los prisioneros.
Por eso se tomó la precaución de que las salidas al patio y el régimen de visitas se diera en horarios diferentes, que eran cambiados permanentemente, evitando así todo contacto directo de las visitas con reos que no fueran sus familiares.
Además, el libre tránsito de los cabecillas era restringido y en las celdas de los más peligrosos existían cámaras de vigilancias de audio y video que trasmitían a la Dirección de Contrainteligencia del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) las 24 horas del día, todo lo que allí ocurría, habiéndose logrado gracias a ella desactivación de células e importantes capturas.
A los días de asumir el mando Paniagua y con García Sayán de ministro de Justicia, dichos dispositivos fueron retirados por considerarlos atentatorios contra la privacidad y derechos humanos de los terroristas.
Seguidamente se autorizó el irrestricto uso del patio, permitiendo la divulgación del “pensamiento Gonzalo” a vista de los custodios., situación que permaneció inalterable durante el gobierno de Toledo. Nadie olvida el trato amigable de García Sayán con cierto chileno integrante del MRTA que fue uno de los primeros en obtener su libertad.
La situación se volvió peligrosa para los arrepentidos que quedaron en total desamparo y se vieron obligados a solicitar a las autoridades judiciales la anulación de sus testimonios para invalidar los medios probatorios y facilitar la libertad de genocidas de pueblos enteros de campesinos y comunidades nativas.
No les quedó otra alternativa, al verse desamparados por el Estado, que más bien se dedicó a favorecer a los autores de los más viles asesinatos en agravios de humildes campesinos.
Paralelamente, pese a la recomendación del entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), general EP (r) Jorge de Souza Ferreyra, de que las bases militares no fueran desactivadas estas fueron desmanteladas y finalmente desaparecidas a lo largo del cordón cocalero –desde San Martin al Cusco-, favoreciendo las acciones criminales de “Artemio”, los Quispe Palomino y otras bandas narcoterroristas.
En 2003 mientras el impresentable Toledo se autodenominaba el abanderado de la lucha anticorrupción, los bárbaros de Sendero y el MRTA recibían día a día nuevos beneficios penitenciarios, hechos que demuestran con certeza la voluntad política del régimen chakano de liberar aceleradamente a los autores de los más repudiables crímenes de lesa humanidad cometidos en el siglo XX, señalan analistas del Terrorist Incident Working Group ( Grupo de Trabajo sobre Incidentes Terroristas) estadounidense.
Protesta
Es en esas circunstancias que el excongresista José Barba Caballero fue claro al señalar: “El presidente Paniagua y su ministro Diego García Sayán son responsables de la liberación de terroristas y del resurgimiento de estos grupos criminales. Ambos le dieron la mano a Sendero poniendo en la calle a terroristas”.
Por su lado, Francisco Diez Canseco Távara, presidente del Consejo por la Paz, calificó las declaraciones de Gracia Sayán, quien pretendió minimizar sus decisiones proterroristas desviando el tema y afirmando que lo atacaban por que luchaba contra la corrupción.
“La única campaña es la de los rojos pitucos que intentan desinformar a la opinión pública. No me sorprende ningún juego de un sujeto al que se le ha demostrado con pruebas que liberó terroristas, pero sigue mintiendo descaradamente”, señaló Diez Canseco.
Asimismo, pidió que no sólo sea investigado por el Congreso, sino que el Poder Judicial le abriese un proceso para determinar cómo recibía ingentes cantidades de dinero para su ONG.
Frente a tales pronunciamientos y protestas de la ciudadanía por las benévolas normas dadas por Paniagua y Toledo, el gobierno aprista solicitó al Congreso el 11 de setiembre de 2009 la derogación del Decreto Legislativo N° 927 que había permitido la salida anticipada de cientos de terroristas.
Sin embargo, mediante Disposición Transitoria se pusieron en vigencia ciertos beneficios penitenciarios como la reducción de penas por trabajo o educación, como si se tratara de delitos comunes, lo que demuestra que el gobierno de Alan García careció de una apreciación de inteligencia por parte de los gurús de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y que su reacción fue por la presión de la opinión pública.
“Triunfo de envergadura”
En el tercer capítulo del libro “De Puño y Letra”, escrito por Abimael Guzmán Reynoso (a) — y que dicho sea de paso se vende especialmente en los alrededores de ciertas universidades antes tomadas por Sendero- en la página 67 el sátrapa señala que los cambios en la normatividad antiterrorista, realizados por Valentín Paniagua Corazao y Alejandro Toledo Manrique, son “un triunfo de envergadura” y que ha conseguido con éxito su primer gran objetivo valiéndose nada menos que del Tribunal Constitucional, el cual les dio la razón bajo una aparente exagerada escrupulosidad.
Ese fue, a criterio de Vladimiro Montesinos, el primer golpe de gracia para anular la legislación antiterrorista creada durante el régimen de Fujimori a partir del 5 de abril de 1992 y potenció la Ofensiva Legal (OL) senderista.
Con esa decisión, el Tribunal Constitucional hizo polvo a la justicia militar, reduciéndola a su más mínima expresión, quedando a su suerte y sin protección los miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y estrategas civiles del SIN que terminaron en el banquillo de los acusados y cárceles tras una persecución política ordenada desde el Ejecutivo.
Alejandro Toledo – señala Montesinos en uno de sus tratados-, “un hombre lleno de complejos y frustraciones”, ordenó a sus incondicionales servidores demoler el marco jurídico implantado en los años 90 para combatir el terrorismo sin importarle el riesgo país. Desactivó el Sistema de Inteligencia Nacional (Sina) y el Sistema de Contrainteligencia (Sicon), dejando al Estado desprotegido de las amenazas no sólo internas sino externas.
También redujo drásticamente el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que servían para combatir a las redes terroristas y, por el contrario, inició una persecución contra quienes lucharon en defensa de la democracia, estrategia creada por la secta caviar infiltrada en el Ejecutivo que por un lado otorgaba indultos y gracias a vándalos y por otro aplicaba el garrote satanizando a Las Fuerzas Armadas y miembros de los servicios secretos acusándolos de crímenes de lesa humanidad.
Regalo de Navidad
Como regalo de Navidad, el 25 de diciembre del 2005 Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente del Consejo de Ministros, anunció irresponsablemente con su peculiar sonrisa: “Los terroristas que cumplieron su sentencia o fueron soltados prematuramente de la cárcel que cifran en más de 10,000 han vuelto la mayoría de ellos a sus antiguos quehaceres. El cerebro está aquí en Lima (…)”.
La alarmante noticia había sido lanzada originando críticas contra el gobierno. El entonces ministro del Interior Rómulo Pizarro intentó en vano bajar la cifra, dijo que solo eran 2,000 lo que habían sido liberados previa calificación y que los entes de inteligencia estaban en alerta en su afán de defender al país. Finalmente Toledo se atrevió a declarar tras una de sus acostumbradas trasnochadas: ” yo no tengo las evidencias para negar que han salido, como ha salido tanta gente”, negando con su habitual cinismo lo evidente..
Dos horas después subió al avión presidencial- conocido como el “parrandero” – acompañado de una tal Bardales y se dirigió a Punta Sal donde lo a su amigo “Galleta” para cantarle “en el mar la vida es más sabrosa” y “pasare la botella que quiero estar más cerca de ella”
Poco después, viajó a Santiago, Chile y se reunió con Ricardo Lagos jefe de Estado del país sureño y le anuncian que en vez de adquirir tanques su gobierno invertiría en tractores proponiendo unilateral mente el desarme aduciendo una serie de argumentos que sorprendieron al mandatario sureño. Incluso llegó a plantear la desmilitarización que dio motivo a editoriales en importantes medios de comunicación que lo dejaron muy mal parado y la lógica indignación de los miembros de nuestras fuerzas armadas.
Como “prueba de su buena voluntad” Toledo renuncio públicamente a fortalecer la capacidad operativa de nuestros institutos armados. El entonces presidente Ricardo Lagos como era de esperarse no tomo en cuenta las descabelladas propuestas del “cholo sano y sagrado” y como sabemos actualmente Chile tiene una de las fuerzas bélicas más poderosas de América Latina.
OTROS CABECILLAS LIBRES PENA MÁXIMA SOLO PARA ABIMAEL E IPARRAGUIRRE
El 13 de octubre de 2006, la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo condenó a cadena perpetua solo a Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre Revoredo como principales responsables de la muerte de cientos de miles de peruanos por el delito de terrorismo agravado y delitos conexos en agravio del Estado. Por Ejecutoria Suprema del 14 de diciembre de 2007 declaró nulidad respecto a las penas impuestas a las cabecillas subversivas Laura Zambrano Padilla y María Pantoja Sánchez.
(Por César Reátegui)
Comentarios