En la víspera, María Elena Portocarrero, decana actual del CAL, había declarado que rechazaba «cualquier acción o conducta que desprestigie la labor que realizamos, tenemos una función social, trabajamos en la búsqueda de la paz social; cualquier acción que nuble nuestro rol la rechazamos y pedimos la sanción correspondiente».
Entre los cargos imputados a los abogados, se hallan las presuntas conductas antiéticas, que vulnerarían el artículo 50 del Estatuto del CAL y diversos artículos del Código de Ética. El documento incide en que las escuchas telefónicas no han sido negadas por ninguno de los cinco investigados.
Según el director de ética profesional del CAL, Walter Ayala Gonzales, los títulos profesionales de los jueces y consejeros podrían ser cancelados si son encontrados responsables de “alguna inconducta funcional”.
Según el director de ética profesional del CAL, Walter Ayala Gonzales, los títulos profesionales de los jueces y consejeros podrían ser cancelados si son encontrados responsables de “alguna inconducta funcional”.
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