DESTITUIRÁN A 987 DOCENTES POR TERRORISMO, VIOLENCIA SEXUAL Y TRÁFICO DE DROGAS

Empiezan con los sentenciados. El Minedu informó que son de colegios públicos y deben ser despedidos en 48 horas. También separarán de forma preventiva a aquellos con procesos penales. Aún no vigilan en escuelas privadas ni se crea un registro oficial.

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, anunció que empezarán las destituciones masivas de profesores y trabajadores administrativos que cuenten con condenas por delitos de violencia sexual, tráfico de drogas, terrorismo y la apología de estos delitos. Esto se ejecutará luego de que ayer se publicara la norma técnica que acelera la aplicación de la ley que le faculta a dicho sector para ser drástico con los malos elementos que laboran en los colegios públicos del país.

Alfaro precisó que "en el más breve plazo" se procederá a destituir a 987 maestros y administrativos que poseen una sentencia firme por los delitos mencionados. "Estamos mandando oficios a todas las UGEL (Unidades de Gestión Educativa Local) donde están registrados estos docentes para que emitan la destitución (los directores solo de colegios públicos) y podamos asegurar que no sigan en las escuelas y no vuelvan jamás".

Según la Resolución Ministerial Nº 241-2018 MINEDU, esta medida se aplicará tanto a docentes como trabajadores administrativos nombrados o contratados de colegios estatales. De igual forma debe pasar con los profesionales de las UGEL y la sede del Minedu.

"Una vez que terminemos con estas destituciones (a condenados), comenzaremos con los docentes o administrativos que están siendo procesados o que están siendo investigados por terrorismo, drogas y violencia sexual", dijo.

Despido en 48 horas

El ministro explicó que es automática la destitución para el caso de los sentenciados, sin que se requiera de documentación adicional y en un plazo de 48 horas; mientras que para los procesados o investigados se ejecuta la separación preventiva dentro de las 24 horas de conocida la condición. Esta responsabilidad recae en el director del plantel educativo.

Todo esto se puede ejecutar –según la extitular del Minedu Marilú Martens– gracias al convenio que se firmó, en agosto del 2017, con el Poder Judicial para que este último comparta información del personal docente y administrativo con el Ministerio de Educación, a fin de conocer las condenas vigentes y las históricas con una antigüedad de hasta 35 años.

"Antes no se tenía acceso a esta base de antecedentes penales. Por eso es importante que, ahora que sí se tiene, se agilicen los despidos o retiros preventivos para tener una educación libre de violencia, en la que se proteja la integridad de los niños", aseveró.

Siguen los procesados

Alfaro reiteró que están pidiendo al Poder Judicial la lista de profesores que tienen procesos penales por delitos de violencia sexual, tráfico de drogas o terrorismo, para cotejar y así emitir las normas que aceleren su separación preventiva.

"En el caso de los investigados es con el Ministerio Público con quien ya venimos conversando y coordinando para la lista respectiva", indicó.

Alfaro añadió que ahora en los procesos de contratación y nombramiento se hará el cruce de información con el PJ y la Fiscalía. Para ello, a los postulantes se les exigirá la constancia negativa de antecedentes penales y judiciales.

¿Y los colegios privados?

La adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, afirmó que este es un primer paso, pero que aún falta que se aplique en los colegios privados, las academias, los institutos y las universidades, como manda la ley. "Se debe trabajar con las otras instituciones, como Sunedu, FFAA, para tener una lista amplia, sobre todo por las víctimas de violencia sexual".

Aclaró además que el Minedu aún no implementa el registro de docentes implicados en terrorismo, violación sexual y tráfico de drogas. Eso es importante también para que se pueda tener una plataforma web donde se pueda alertar de estos malos profesores.

La clave

-Casi el 70% de los agresores sexuales en las escuelas son maestros o empleados. Solo en 4 años se reportaron 1.850 denuncias. Uno de los casos más sonados es el del director del colegio Esperanza Carrillo de Chincha, Pablo Machado Huallanca, quien está prófugo.