Esas consultorías no se dieron en favor de policías y militares, ni de sus familiares, víctimas de Sendero Luminoso y del MRTA, pues a los uniformados esta asociación civil sin fines de lucro no le dio ningún tipo de ayuda. Pero al parecer la excepción fue el comandante EP (r) Ollanta Humala Tasso.
Francisco Ricardo Soberón Garrido, frente a la desazón del país por su forma tan descarnada de decir que no impulsaron más el caso Madre Mía en el 2011 porque hacerlo era favorecer la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori, ha puesto de vuelta y media a las ONG de derechos humanos, peor cuando dice: “no me arrepiento de nada y me resbalan las críticas”.
Es decir, persiste en su enfoque de entender los derechos humanos desde el punto de vista del cálculo político o las componendas antes que desde el ámbito de los principios y las convicciones, pues si Ollanta Humala estaba seriamente cuestionado con la posible violación de derechos humanos, lo lógico era que este caso se evaluara con veracidad y madurez.
Y, obvio, no ser motivo de complicidad, pues eso es lo que ha ocurrido en la campaña electoral del 2011 por parte de Aprodeh y, en general, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al bajarle el tono a las acusaciones de testigos y familiares de las víctimas de supuestas torturas y desapariciones forzadas en Madre Mía, como fue el caso de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sullca.
Sobre esta actitud que ha dejado a las ONG de derechos humanos en un estado muy precario frente a la opinión nacional e internacional, tenemos el punto de vista de un historiador, un jurista y un congresista de la República.
¿MONOPOLIO DE LA IZQUIERDA?
El historiador Daniel Parodi enfatiza que “para hablar de derechos humanos debemos remitirnos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 aprobada con la ONU. Retrotraernos a ella es muy importante porque aclara que dichos derechos no son monopolio de la izquierda, ni de ninguna ideología, sino universales”.
Asimismo, puntualiza Parodi que “cuando decimos que son universales intentamos decir que se aplican a todos sin excepción en contra de los abusos del Estado contra la persona humana, sin importar la condición o delito que esta haya cometido, pues para eso la autoridad aplica la ley. Al contrario, es el delincuente quien viola la ley y el Estado no puede rebajarse a su nivel. Esa es la diferencia entre civilización y barbarie”.
Y con relación al caso Madre Mía, señala que “si Ollanta Humala cometió crímenes de lesa humanidad en Madre Mía, y sus expedientes son plausibles de reabrirse, esto tendrá que hacerse de acuerdo a ley, más allá de los cuestionamientos a Aprodeh o a Francisco Soberón. Es una falacia descalificar acusaciones contra Humala por las acciones o ideología de Soberón. Ambos temas van por cuerdas separadas”.
BIEN QUE SE REABRA
Para el Dr. Fernando Calle Hayen, exmagistrado del Tribunal Constitucional, el caso Madre Mía está bien que se haya reabierto ya que, indudablemente, es un caso de lesa humanidad. Sin embargo, dependiendo de los delitos que se le tipifiquen al expresidente Ollanta Humala (“capitán Carlos”) en caso de encontrársele alguna responsabilidad recibiría por lo menos entre 15 a 20 años de pena privativa de la libertad.
En esta misma línea, para el exmagistrado del TC, al estar presente la referencia de que los audios sobre una supuesta compra de testigos fueron grabados con total legalidad, según el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, entonces, las informaciones que han estado difundiendo los diferentes medios de comunicación deberían ser verificadas cuanto antes.
“Incluso para que el propio César San Martin, juez en dicho caso, o el Ministerio Público y el presidente de la Sala que declaró cosa juzgada den nuevas luces y por cierto debe facilitarse todo a la parte civil, por lo que se puede pedir la anulación de la sentencia y reabrir el caso en la etapa que corresponda”.
Calle también refirió que “queda claro que no se puede alegar una cosa juzgada y eso hace que no sea necesario ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni a la comisión, ya que el daño está aquí, es al Estado peruano, incluso a los magistrados que dieron esa sentencia”.
Añadió que “se ha hablado mucho de la cosa juzgada formal porque ha habido una sentencia con carácter legal, pero los magistrados deberían tener total tranquilidad y responsabilidad sin perjuicio alguno de nuestro sistema constitucional que no protege sentencias que rompen los principios constitucionales o los derechos fundamentales”.
“No solo fue Aprodeh”
El congresista Octavio Salazar, de Fuerza Popular, señaló que “resulta realmente lamentable constatar que, sabiendo que los testimonios sobre violación de derechos humanos en Madre Mía comprometían a Ollanta Humala, el señor Francisco Soberón, representante izquierdista de Aprodeh y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, admita que él y su organización optaron por apoyarlo para que no gane Keiko Fujimori en la campaña de 2011. Sin embargo, esta condenable actitud no debería sorprendernos porque, a confesión de parte, relevo de pruebas, y eso pinta de cuerpo entero a las ONG de este tipo”.
(Rafael Romero) DIARIO EXPRESO