Salazar destacó la importancia que implica la salud pública y mental del país. Dijo que el tema de la violencia contra la mujer es amplio e involucra a diferentes actores, que no sólo se solucionará con una ley, sino que involucrará un marco normativo transversal y una política pública de concientización social.
Asimismo, expresó que el Informe Nacional de Juventudes del Perú, correspondiente al año 2015, refleja una preocupante realidad: el 68.9% de mujeres son víctimas de agresión por pareja, siendo las mujeres jóvenes, de 15 a 29 años, las que sufren violencia psicológica y/o verbal, sumándose a ello que el 29.1% sufre de abuso físico y un 5.5% son violentadas sexualmente.
Por su parte, el vicedecano del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos, manifestó que los indicadores a nivel latinoamericano señalan alta tendencia en casos de feminicidios. “Conviviendo con la violencia no sólo afecta a la pareja, sino también a los hijos, quienes son afectados en su desarrollo académico. Muchos de ellos se inclinan luego a las drogas y depresión, con comportamientos severos en la adolescencia y embarazos promiscuos y la violencia filioparental”, aseveró.
El Dr. Manuel Bermúdez, especialista en Derecho de Familia, indicó que vivimos en una sociedad muy violenta, que va desde el ámbito rural hacia el ámbito urbano; por ello, todas las sociedades son desintegradas.
“El Estado flexibiliza los parámetros de la ley y permite que la sociedad se transforme”, indicó. De aquellas familias que han convivido en crisis comienzan a surgir aquellas que generan niveles de convivencia impropia, ya sea porque migraron a otras provincias producto del terrorismo.
Finalmente, enfatizó que todo desencadena en un conflicto social. Ya no se necesita de la figura tutelar de la familia y eso es un error, porque el tutelar es la persona que compone a la familia. De esto se tiene referencia desde el año 2006. Las crisis familiares son provocadas por las personas y no por las familias, concluyó.
Esta reunión contó además con la participación de Lidia Aguilar, especialista del Poder Judicial; Silvia Torrejón Guerrero y Víctor Quiroz Mejía, representantes del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, respectivamente.(MRM)
PRENSA CONGRESO