El fiscal Andrés Montoya Mendoza, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios, citó a Kuczynski Godard en calidad de investigado.
Como se recuerda, según la apertura de la investigación fiscal (N°76-2016), el caso se inició tras la denuncia realizada en torno a la aprobación de la Ley 28670 para la construcción de la carretera Interoceánica, realizada a fines de enero de 2006, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
Según fuentes fiscales, la citación fue programada para las 2 de la tarde del viernes 24 de junio y el presidente electo ya fue notificado con antelación a fin de que concurra antes de recibir su credencial como mandatario de la República de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el próximo 28 de junio.
Sin embargo, desde la tienda de Peruanos Por el Kambio (PPK) han anunciado que Pedro Pablo Kuczynski viajará el jueves al Cusco para participar en la Primera Cumbre de Descentralización, que se realizará del 24 al 26 de junio.
En esta reunión se tiene previsto que las autoridades asistentes planteen al presidente electo la creación de un Ministerio de Descentralización.
Por ello, la concurrencia de PPK a la citación fiscal aún es incierta.
Cabe indicar que Correo se comunicó con el área de prensa dePPK para obtener su versión sobre el tema. Una integrante del equipo quedó en devolvernos la llamada, lo que no se produjo hasta el cierre de esta edición.
EL CASO. La investigación contra PPK y Toledo se centra en que ambos habrían incurrido en los delitos de colusión y aprovechamiento indebido.
Ello luego de que la exvicecontralora general Rosa Urbina Mansilla declarara ante la comisión “Lava Jato” que las empresas beneficiadas con la buena pro para la construcción de la carretera Interoceánica no podían contratar con el Estado en el periodo 2005-2006.
Según dijo Urbina, esto se sostiene en el oficio de la Contraloría 262-2005-CG/VC, del 3 de agosto de 2005.
En el documento se suscribe textualmente que las empresas Norberto Odebrecht, Queiroz Galvao S.A. y Graña y Montero estaban impedidas de participar en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil.
Sin embargo, con la ley formulada por el Ejecutivo, firmada por Toledo y PPK, y que luego fue enviada al pleno del Congreso para su aprobación, se exonera a las empresas para que puedan postular a dichos proyectos.
Así, en el artículo 3 de la citada disposición se indica que “los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674, el texto único ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2044-PCM, y la Ley 28059 (que excedan lo dispuesto en el artículo f) del artículo 9 del Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM o por otra norma legal expresa, son inaplicables e inexigibles”.
LAS RAZONES. Según la exvicecontralora, los informes de la Contraloría daban cuenta de que la empresa brasileña Odebrecht estaba inmersa en juicios con el Estado por incumplimiento de contrato, por lo que bajo ninguna circunstancia podrían haber concursado.
No obstante, al emitirse la ley formulada por Toledo y PPK se dejaba de lado los informes emitidos por Contraloría y se daba nuevamente luz verde a las empresas brasileñas, no solo para que postulen a la licitación de uno de los tramos de la vía Interoceánica Sur, sino también al proyecto Olmos.
Otro factor que el fiscal Montoya Mendoza toma en cuenta para abrir la investigación a los exfuncionarios es la rapidez con la que se aprueba la Ley N° 28670, que declaraba de necesidad pública y de interés nacional la implementación de un Comité de Alto Nivel para la negociación de estas concesiones.
Según obra en la carpeta fiscal que ha sido notificada a los implicados, la disposición convertida en ley fue presentada el 25 de enero de 2006 y fue aprobada ese mismo día en la Comisión Permanente del Congreso. Luego, con celeridad, fue publicada en el diario El Peruano el 26 de enero de 2006.
En una comunicación anterior con Correo, Odebrecht dijo que la referida ley “fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la República”. “Importante resaltar también que Odebrecht Perú al momento de la licitación no tenía proceso alguno con el Estado, estando 100% habilitada para participar de cualquier licitación pública”, sostuvieron.
También aseguraron que el proyecto Olmos fue concesionado en el año 2004 y las IRSAS 2 y 3 en 2005.
“La Ley 28670 fue promulgada en el año 2006, cuando ya se habían licitado estos dos proyectos”, anotaron.
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