El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ha prometido destrabar las inversiones paralizadas. En una reciente entrevista se refirió a los proyectos emblemáticos que se encuentran estancados por la inacción del estado. Calcula que son cerca de 15,000 millones de dólares en proyectos listos y que es necesario sacar adelante. Sostuvo, además, que iría personalmente a resolver Tía María y Conga; y recordó que él sacó la mayor votación en Cocachacra (Arequipa) y Bambamarca (Cajamarca) con 70%. Celebro esas declaraciones del presidente electo. Pero para cumplir esa promesa deberá rodearse de equipos que respondan a una visión de país y que tengan liderazgo político, además de capacidades técnicas y, por supuesto, honestidad. Es importante dejar de lado a los amigos lobistas y asesores con intereses personalísimos, pues de ellos ya hemos tenido suficiente.
El Perú ha sufrido en los últimos cinco años de una parálisis gubernamental. Entre la equivocada idea de los ministros, quienes abandonaron a su suerte a los gobiernos regionales y a las municipalidades, y sin importar que uno de los grandes problemas sea la falta de capacidad técnica en los gobiernos subnacionales. Gobernadores y alcaldes no estuvieron articulados a ningún plan nacional de infraestructura, y no fueron capaces de asumir con solvencia su autonomía. La corrupción en pequeña y mediana escala campeó por doquier. Existe en todos los ministerios una burocracia de mando medio que traba los proyectos hasta ser contratados ellos mismos, o sus amigos, a través de consultorías para preparar los informes necesarios para destrabarlos.
Gráfico tomado del reporte oficial de Perú 1996-2014 del Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial.
De acuerdo con el índice agregado de corrupción del Banco Mundial, Governance Matters, control of Corruption Perú 1996-2014, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha sido el más corrupto de los últimos veinte años. Ello ha tenido un efecto en el crecimiento económico y, como consecuencia, en la reducción de la pobreza. Entre el 2004 y el 2011 el Perú logró reducir la pobreza en cuatro puntos porcentuales por año, pero desde el 2013 se reduce en solo un punto por año. Quienes han logrado escapar de la pobreza son considerados una nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud, educación de calidad y empleo formal. Y aquí nuevamente el presidente electo tiene la razón cuando dice que “...con la informalidad que tiene el Perú nunca llegará a la OCDE ni crecerá a su potencial”.
Uno de los riesgos generados por la desaceleración económica es que quienes salieron de la pobreza caigan nuevamente en ella. De ellos, existe un grupo que es considerado como vulnerable, por el riesgo que existe de que ante cualquier eventualidad pueda volver a caer en la pobreza. Esta semana el PNUD presentó los resultados de su estudio sobre pobreza multidimensional. Si bien hay avances importantes, existen 1.6 millones de peruanos que están en riesgo de caer debajo de la línea de la pobreza. Una de las mejores maneras de evitar que esta población vulnerable regrese a la pobreza es llevando adelante las inversiones paralizados a las que se refiere el presidente electo.
Pero es necesario también implementar políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda, al ahorro y crédito, ampliar las redes de protección social y focalizarlas correctamente, y establecer políticas que faciliten el ingreso de las mujeres al mercado laboral: servicios de cuidado de niños y adultos mayores, programas de planificación familiar y proyectos de agua y saneamiento. Esperemos que la nueva administración cuente con la fuerza y los equipos necesarios para hacerlo.
En el caso del Ranking sobre Percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Perú en el año 2015 estuvo en el puesto 88 de 167 (mientras más abajo en la ubicación, más corrupto). También el peor en los últimos 17 años.
María Luisa Villegas