GOBIERNO Y CONGRESISTAS PRESENTARON ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL



El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Salvador Heresi, en representación del Poder Ejecutivo, presentó esta tarde, ante el Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Publicidad Estatal.

“La base fundamental de esta acción de inconstitucionalidad es que se está resquebrajándose los derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la información sobre las tareas del gobierno y la obligación del Estado de informar, difundir sus políticas y logros a la ciudadanía”, dijo.

El titular del Minjus llegó acompañado del procurador constitucional Luis Huerta.

 Congresistas también presentaron demanda contra ley de publicidad estatal

Congresistas de distintas bancadas presentaron la tarde de este miércoles ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la cual fue publicada el último lunes tras ser aprobada por insistencia por el pleno del Congreso la semana pasada.

La demanda de inconstitucionalidad contra la norma que promovió el legislador Mauricio Mulder fue una iniciativa de la bancada de Peruanos por el Kambio, que logró reunir las 33 firmas necesarias por ley para la presentación del recurso.

De acuerdo a la demanda, la ley de publicidad estatal no solo contraviene la Constitución, sino además la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, señala que se han violado los derechos a la observancia del trámite legislativo en la aprobación de las disposiciones normativas por parte del Congreso; el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación política. Estos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y vulnerados en la forma y en el fondo, se señala.

Más adelante, en cuanto a la presunta inconstitucionalidad por el fondo, los demandantes se refieren al atentado contra los derechos de acceso a la información y participación política. También aducen que la medida es “desproporcionada e irrazonable”.





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