Gestión de Nelson Shack , inhabilita a trabajadores hasta con cinco años por faltas graves.
Casi medio millar de funcionarios y servidores públicos han sido sancionados administrativamente por la Contraloría General de la Repúblic a , entre enero y abril último, por faltas graves y muy graves.
Debido a ello, los trabajadores, 468 en total, han sido suspendidos de 30 a 360 días y/o inhabilitados por periodos que fluctúan entre uno y cinco años.
Según información proporcionada por la Contraloría General , la mayor cantidad de sanciones se registra en Lima (85). Le siguen Cajamarca,Lambayeque , Tumbes y La Libertad con 50, 46, 30 y 25 casos, respectivamente.
La entidad que encabeza Nelson Shack , además, refirió que del total de casos, 315 tienen la sanción confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas mientras que otras 153 no fueron apeladas en primera instancia.
Asimismo, precisó el ente de control que las sanciones deberán ejecutarse de manera inmediata y aclaró que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores involucrados.
Debido a ello, los trabajadores, 468 en total, han sido suspendidos de 30 a 360 días y/o inhabilitados por periodos que fluctúan entre uno y cinco años.
Según información proporcionada por la Contraloría General , la mayor cantidad de sanciones se registra en Lima (85). Le siguen Cajamarca,Lambayeque , Tumbes y La Libertad con 50, 46, 30 y 25 casos, respectivamente.
La entidad que encabeza Nelson Shack , además, refirió que del total de casos, 315 tienen la sanción confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas mientras que otras 153 no fueron apeladas en primera instancia.
Asimismo, precisó el ente de control que las sanciones deberán ejecutarse de manera inmediata y aclaró que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores involucrados.
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